La farmacia rural castellano-manchega, a la vanguardia frente al cambio demográfico

Desde el pasado 16 de abril, la modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla-La Mancha ya es una realidad. Esto supone que la farmacia rural adquiere un papel más relevante para afrontar el cambio demográfico, un desafío presente en comunidades como la manchega, donde la despoblación está acentuada desde hace décadas.

“Constituye uno de los mayores retos que tendrán que abordar las regiones, ciudades y núcleos de población de Europa”, justifica el Gobierno regional. Y añade que la demografía está determinada “principalmente por factores relacionados con el envejecimiento de la población, unas tasas de natalidad bajas y el agravamiento de los desequilibrios en la distribución de la población”.

Entre otros objetivos, la reforma legislativa pretende mejorar la asistencia farmacéutica; facilitar la actividad de sus profesionales; o mejorar la regulación en aspectos específicos del trabajo de los farmacéuticos, como el penitenciario. Asimismo, supone una actualización con respecto a una ley que asume y se adapta a las modificaciones aplicadas en estos años en la normativa estatal.

Aunque principalmente destaca porque promoverá instrumentos para favorecer el establecimiento y sostenibilidad de las farmacias en el medio rural. Así, refuerza lo ya plasmado en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

En su artículo 39, detalla que la administración regional “promoverá una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural y, de forma singular, se arbitrarán mecanismos que faciliten la misma en aquellas localidades de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación donde no exista oficina de farmacia”.

Facilidades para la farmacia rural

Las garantías que recoge la nueva normativa se reflejan en aspectos concretos como la eliminación del requisito de distancia mínima con el centro de salud cuando las poblaciones tengan menos de 1.500 habitantes, de tal forma que se busca facilitar la labor a las farmacias rurales.

En el otro extremo, en municipios con alta densidad poblacional, pero que no tengan locales disponibles, se suprime el criterio de distancia mínima de 250 metros entre dos farmacias y se establece en menos de 150 metros. La norma concreta que “la excepcionalidad deberá aprobarse por la delegación provincial competente en materia de sanidad de la provincia correspondiente”.

Como ocurrió durante la DANA, que afectó especialmente a la provincia de Valencia, pero también a Albacete, la ley de ordenación farmacéutica apuntala la protección de sus habitantes en situaciones críticas. Si sucede una catástrofe natural o un cierre inesperado y no hay otro espacio adecuado para ejercer la actividad de forma provisional, el Ejecutivo podrá autorizar un botiquín provisional.

No obstante, en circunstancias normales, ese botiquín solo será legal cuando no exista una oficina de farmacia en el núcleo poblacional. En cuanto se establezca una, se debe clausurar.

Así, la región busca poner soluciones, a través de la farmacia rural, a la atención farmacéutica segura y de calidad a una población cada vez más envejecida y cronificada. Otras comunidades, como La Rioja, también han tomado decisiones legislativas en este sentido.