La Política Farmacéutica ante el nuevo horizonte gubernamental

Las políticas autonómicas de farmacia han tratado históricamente de explorar vías en la cercanía con los pacientes, especialmente en las dos últimas décadas y con más fuerza desde que se aprobara la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios en 2006. En este ámbito, caracterizado por una elevada connotación técnica como lo es la puesta en marcha de medidas político farmacéuticas, las autonomías han desarrollado múltiples iniciativas en la atención farmacéutica a domicilio, en la colaboración entre la dispensación entre la farmacia comunitaria y los servicios de farmacia hospitalaria, en el terreno de la salud pública o en el impulso de la tecnología ligada a la prestación asistencial sanitaria y farmacéutica en la atención primaria y hospitalaria.

Ahora, después de las elecciones autonómicas y locales que se celebraron a finales del mes de mayo, se abre un nuevo punto de inflexión pero que servirá para consolidar el camino trazado hasta ahora desde los diferentes servicios autonómicos de farmacia. Aunque existen novedades legislativas relevantes, como la Ley 13/2022 de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, lo cierto es que sigue teniendo peso la dilatada experiencia de todas las autonomías en abordar las políticas para consolidar las iniciativas que ponen en valor a la farmacia comunitaria en el contexto de los diferentes sistemas de salud, independientemente de cómo se defina políticamente el mapa farmacéutico.

De hecho, todavía es pronto para augurar qué preferencias de política farmacéutica se adoptarán en autonomías como, por ejemplo, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja o la Comunidad Valenciana, en las que se está produciendo un cambio político.

Por este motivo, lo realmente relevante es tomar en consideración contar con un enfoque científico, que ayude a comprender el punto de partida de las diferentes medidas, teniendo en cuenta que, además, en el ámbito farmacéutico hay muchos aspectos en los que las políticas autonómicas son coincidentes.

Según explica a MF Anna García – Altés, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES), en relación con la atención farmacéutica a domicilio, “con la colaboración desde la farmacia comunitaria, reglada y evaluada desde los objetivos a los resultados conseguidos, tanto en nivel de salud individual y poblacional como en mejoras socioeconómicas, es un hecho relevante. También de forma coordinada con la red pública de atención primaria de salud. No tiene o no se plantea relación con el color político, más bien debe ser una acción de cooperación que emane y convenza de forma conjunta a todos los agentes implicados, sobre todo políticos y profesionales”.

También existe un gran campo de desarrollo en el marco de la dispensación en farmacia comunitaria y los servicios de farmacia hospitalaria. Así, la presidenta de AES apunta que “si los sistemas de información se mantienen fluidos y evaluados, es factible que determinada farmacoterapia se pueda dispensar en las farmacias comunitarias, teniendo en cuenta que la farmacia hospitalaria requerirá, empezando por la normativa que se aplique, la dispensación en exclusiva en su entorno”. De hecho, precisa, “durante la pandemia de la COVID-19 esto ya se hizo en algunas CCAA”. Con todo, “se trata de valorar la visión de la ciudadanía-paciente y cómo mejorar el centro de su atención y de sus cuidados en su entorno social y, menos, en el hospitalario. A partir de aquí se pueden encontrar el equilibrio en este sentido de cara a la dispensación correcta”, señala.

En el ámbito de la salud pública, en lo que respecta a la prevención, la intervención de las farmacias en la detección de síntomas o incluso en la vacunación, Anna García – Altés cree que “la atención farmacéutica y sus barreras siempre plantea polémicas especialmente con las y los profesionales médicas y enfermeras”. De la misma forma que con la dispensación, precisa, “fraguando de forma cooperativa, colaborativa, el mejor seguimiento de pacientes crónicos y complejos e incluso pasando “al otro lado”, acciones de promoción y prevención, pactando entre colegios profesionales y asociaciones científicas y divulgando las mejores prácticas, se debe establecer el consenso necesario que favorezca la eficiencia del sistema sanitario”.

En este ámbito, recuerda que Cataluña ya tiene experiencia en este tipo de iniciativas y resalta que esta autonomía “fue pionera en Europa en la integración de actividades preventivas y asistenciales en el seno de las farmacias comunitarias”. Actualmente, explica, “hay tres servicios enmarcados en el concierto de atención farmacéutica suscrito con el CatSalut: el programa de mantenimiento con metadona, el programa para la determinación del riesgo de infección del VIH mediante el test rápido y el programa de detección precoz del cáncer de colon y recto”.

En cuanto al desarrollo de los programas de receta electrónica, recuerda que en las autonomías “tenemos experiencias que se pueden considerar innovadoras y, no lo deberían ser tanto, en realidad”. En este contexto, puntualiza, “se pueden declarar desde reacciones o intolerancias a fármacos a notificaciones a las que desde la farmacia comunitaria se tenga un mayor acceso al paciente, por proximidad, realmente, por accesibilidad”. Ese avance, ese impulso, “debe venir desde esa vertiente, evitando duplicidades o actuando ante interacciones que se compartan directamente con aquellos profesionales (de atención primaria y ambulatoria, o de atención hospitalaria) y propiciando la labor conjunta sanitaria y sociosanitaria y, no tan solo de consejo, apoyo o, directamente comercial”, puntualiza.