Índice corrector, ¿ayuda real a la farmacia rural o medida simbólica?

El 1 de enero entró en vigor una actualización de una medida del Ministerio de Sanidad sobre las compensaciones que reciben las farmacias rurales. Esta norma ya existía en 2008, pero ahora las autoridades han modificado tanto las condiciones para acceder a ellas como la cuantía.

Con el anterior decreto una oficina de farmacia podía obtener como máximo 833,33 euros mensuales a modo de compensación por la venta de medicamentos. Con esta nueva norma, la cifra pasa a 979,16 euros en total, 145 euros más que antes.

Esta modificación, que se produce doce años después, busca que las farmacias rurales sigan persistiendo y siendo sostenibles en el ámbito rural. “El objetivo es incrementar las garantías para que la prestación farmacéutica […] siga siendo accesible y capilar a toda la ciudadanía”, según detalla el documento oficial. “Así como contribuir a evitar la despoblación en las zonas rurales”.

Esta ayuda actúa sobre el denominado “índice corrector”, una compensación económica que reciben las farmacias por parte del Estado. Todo ello a cambio de la venta de medicamentos que se encuentran financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Es decir, es la cantidad que reciben por vender medicamentos subvencionados. Eso sí, con esta nueva norma no todas las farmacias pueden acceder a esta compensación económica. 

Hay 713 farmacias afectadas por el "índice corrector"

Entre los requisitos, las farmacias deben estar ubicadas en zonas de menos de 1.500 habitantes y no pueden facturar más de 235.000 euros al año. Según los datos del Ministerio de Sanidad, al cierre del año 2021, existían 713 oficinas de farmacia afectadas por el denominado “índice corrector”. Estas suponen el 3 % del total de oficinas de farmacia en el territorio nacional.

Sin embargo, estas medidas son escasas a ojos de las farmacias rurales. Estas reclaman que se enfrentan a una baja facturación debido a la falta de población. También a una sobrecarga en las guardias y a un aislamiento territorial debido a la mala conexión entre pueblos.

Olivia Martínez, farmacéutica rural, ubicada en Sotobañado y Priorato (Palencia) ha solicitado para este 2023 recibir esta compensación económica. Según explica a Mundo Farmacéutico, en un pueblo donde hay empadronados 160 habitantes, los mayores problemas a los que se enfrenta son la dispersión, la despoblación y la falta de médicos. “Aquí hay mucho teléfono con los pacientes para resolver dudas y cualquier problema que les surja”, específica. “Al no haber médico, éstos también te llaman para saber cómo se encuentra el paciente”.

"La cuantía de media que reciben las farmacias es de unos 200 o 300 euros al mes"

“Agradecemos que las farmacias rurales sean consideradas esenciales, pero es [una medida] insuficiente”, señala Jaime Espolita, presidente de la SEFAR (Sociedad Española de Farmacia Rural). “El importe máximo lo han subido a 900 euros, pero eso no es lo que cobran todas las farmacias”, explica, “eso es para una que no tiene facturación”.

“La cuantía de media que reciben las farmacias es de unos 200 o 300 euros al mes”, detalla Espolita. En sus palabras, esta cantidad “es algo simbólica”, pero no ayuda a cubrir gastos como puede ser la cuota de autónomos.

Así, desde la SEFAR recalcan que la solución pasa por cambiar el modelo retributivo de farmacia. Y que este cambie a un “pago por servicios”. Un pago a los farmacéuticos por las guardias o por el control de botiquines y no sólo centrado en el número de medicamentos dispensados.