La farmacia ante la inspección de Hacienda: los riesgos tributarios de 2023

El Plan de Control Tributario de 2023 del Ministerio de Hacienda trae varias sorpresas que deberán tener en cuenta las farmacias en relación con diversas obligaciones fiscales. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de febrero, en la Resolución de 6 de febrero de 2023, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria.

Juan Antonio Sánchez, socio director de Taxfarma y asesor fiscal explica a MF que “el plan de control tributario de Hacienda lo que busca es tener un control más potente de las actividades de las pymes, sobre las que pone una atención especial”. Así, destaca varios apartados en los que deben estar alerta las farmacias porque las inspecciones de Hacienda serán más sensibles en sus actuaciones investigadoras: el incumplimiento de obligaciones formales como la no presentación de declaraciones informativas; las operaciones de compraventa de farmacias; el uso abusivo de sociedades limitadas, la imputación de rentas en las comunidades de bienes y la economía sumergida.

“Cualquier falta de presentación de autoliquidaciones puede generar sanciones automáticas a través de un requerimiento que ascienden al 20% del importe no declarado más el interés de demora tributario, que para 2023 será del 4,026%; además, la falta de presentación de declaraciones informativas, como los modelos 347 o 190 conllevan una sanción de 300 euros”, explica Juan Antonio Sánchez.

En esta línea, el Plan de Control Tributario, precisa este experto, “pretende disponer de más información que procede del Consejo General del Notariado, por lo que puede afectar a la declaración de las compraventas de farmacia y hay que tener prudencia en estas transacciones porque la Agencia Tributaria puede tener más información”.

Así es en efecto cómo se advierte en la propia resolución que recoge las directrices del Plan, cuando establece que “durante 2023 se dedicarán esfuerzos a la implementación y explotación de herramientas para la utilización masiva de la nueva información sobre inmuebles y sociedades procedente del Consejo General del Notariado (Índice Único Notarial) de la que dispone la Agencia Tributaria, con vistas a mejorar las labores de selección de riesgos y de comprobación tributaria”.

También hay que tener prudencia y estar atentos a las actuaciones de control dirigidas a evitar el uso abusivo de la personalidad jurídica para canalizar rentas y desviar gastos de personas físicas, en otras palabras, “el uso abusivo de las sociedades limitadas con la finalidad de canalizar rentas de personas físicas y con el objetivo de conseguir una fiscalidad más baja (23% del Impuesto de Sociedades frente a tipos más elevados, hasta el 42%, en el IRPF)”. Es decir, si se tienen sociedades en la farmacia, “Hacienda revisará las que traten de desviar beneficios que pertenecen a la persona física”.

En este contexto, Hacienda también vigilará y podrá comprobar “la imputación de rentas en las comunidades de bienes, por lo que hay que ser riguroso en la contabilidad y en la imputación de rentas a cada socio, por ejemplo, que no se atribuyan menos ingresos por gastos deducibles que no estén claros, que la imputación sea correcta a cada socio”, explica el socio director de Taxfarma.

Otras actuaciones de Hacienda podrán incidir en prácticas referidas a la economía sumergida, que se reitera para todos los sectores empresariales. Según explica el Ministerio de Hacienda, “la Agencia Tributaria reforzará a lo largo de 2023 el control sobre sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida”, impulsando “las tradicionales visitas o ‘peinados’ fiscales en relación con múltiples sectores, aunque con un enfoque especial a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles”.

En el marco de la nueva normativa sobre prohibición del software de ocultación de ventas, advierte Hacienda, “también se desplegarán planes específicos enfocados a la identificación de las herramientas de software de gestión y contabilidad utilizadas por comercios y empresas, así como a verificar la consistencia de los programas informáticos con la normativa de aplicación”.